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 Fuente: EL PAIS.
Tomás Martín Morales era director general en Boadilla. Antes de llegar a Boadilla, fue jefe de gabinete del ex regidor de Arganda Ginés López, también imputado en el caso. "El alcalde en la sombra", como le llamaban en Boadilla, cobró al menos 378.000 euros por diversas gestiones a la trama en la localidad madrileña, según el sumario.
Fotografía- Fuente: Revista Solo Boadilla.
Fuente El Pais.-El juez que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha impuesto una fianza de 1,5 millones al ex director general del Ayuntamiento de Boadilla y vicepresidente de la Empresa Municipal de Vivienda del municipio (EMVS), Tomás Martín Morales, uno de los hombres clave en Madrid de la red de presunta corrupción vinculada al PP.
Tras su comparecencia, el juez le acusa de los delitos de asociación ilícita, fraude fiscal, falsedad, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Pedreira había convocado ayer a Martín Morales para tomarle declaración. Pero el responsable del urbanismo en Boadilla se negó a prestar testimonio acogiéndose al artículo 24 de la Constitución, que permite no declarar contra uno mismo. El imputado argumentó que como buena parte del sumario permanece bajo secreto judicial desconoce si su testimonio le perjudicará. No obstante, sí respondió a preguntas de su abogado y a algunas cuestiones del fiscal.
Martín Morales participó supuestamente en la adjudicación de varios contratos municipales a las empresas de la trama liderada por Francisco Correa. Además, habría intervenido en la concesión de una parcela a la empresa UFC, operación que investiga el juez. Todas sus gestiones se realizaron desde la EMVS de Boadilla, desde la que controlaba el urbanismo municipal.
Con la fianza a Martín Morales, el magistrado ya ha fijado fianzas a ocho de los principales imputados en Madrid por importe de 8,9 millones. Pedreira ha ordenado el embargo de los bienes de seis de ellos, que aún no han garantizado la fianza. El juez del TSJM también había citado a declarar en calidad de imputado al abogado Francisco Leal Bajo, quién contestó a todas las cuestiones planteadas por el magistrado y el ministerio fiscal. Leal era miembro de los consejos de administración de dos de las empresas de la red y encargado de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla. Quedó libre sin fianza.
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